La propuesta tiene origen en los dictámenes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria publicados en 2016 para el imidacloprid y laclotianidina. Estos dictámenes coinciden con evaluaciones científicas independientes de los peligros asociados a los insecticidas neonicotinoides, como la evaluación global publicada en 2014 y una evaluación para Europa publicada en 2015, así como una revisión de la evidencia científica más reciente, encargada por Greenpeace y publicada en 2017.
